La norma modificaría el artículo 62 del Código de Defensa y Protección del Consumidor. Se busca prohibir el o telefónico antes de que se venza la obligación, así como los mensajes a terceros o documentos que simulen tener respaldo judicial.
De aprobarse, ninguna entidad podría llamar a un deudor si no cuenta con una orden emitida por un juez. El texto también contempla sanciones por simular procesos judiciales inexistentes.
Las reacciones fueron inmediatas. Diego Bazán, de Renovación Popular, rechazó la medida al considerar que aún existen muchos deudores informales que deben ser alertados.
“Todavía se debe mantener el aviso de cobranza”, afirmó.
En contraste, Kelly Portalatino, de Perú Libre, saludó la intención de frenar el acoso y pidió revisar el proyecto para pulirlo. “Puede ser saludable, pero hay que generar algunas precisiones”, dijo.
Las posturas en la calle también están divididas. Algunos reconocen que una sola llamada con buen trato puede ser útil, mientras otros aseguran sentirse invadidos en su privacidad por el constante hostigamiento de empresas.
“Basta con un aviso, pero que lo hagan con respeto. Ahora se abusa del a nuestros datos”, reclamó una usuaria.
El debate no es nuevo, pero el proyecto de Ugarte pone sobre la mesa un punto clave: ¿las llamadas preventivas son una medida de gestión o una forma encubierta de presión indebida? Para responder a esa pregunta, el Congreso deberá balancear la protección al consumidor con la necesidad de mantener responsabilidades financieras activas. La discusión recién empieza.
