La norma fue respaldada por diversas bancadas, apelando a la deuda histórica que el Estado mantiene con los maestros retirados. Sin embargo, la decisión ha generado una fuerte respuesta desde el Ejecutivo.
La sesión parlamentaria evidenció un ambiente polarizado, con congresistas que demandaban justicia social para los docentes, mientras otros cuestionaban la viabilidad fiscal de la medida. La ley aún requiere una segunda votación para entrar en vigor.
El ministro de Educación, Morgan Quero, manifestó su preocupación por la reciente aprobación congresal. Señaló que el Ejecutivo había propuesto un enfoque distinto: implementar un plan integrado para cerrar la brecha previsional no solo para los docentes cesantes, sino también para otros grupos vulnerables del país.
Quero subrayó que esta norma podría comprometer la caja fiscal y afectar el equilibrio financiero del Estado. “Tenemos que ser responsables”, afirmó, al tiempo que instó al Congreso a considerar las consecuencias económicas de sus decisiones.
También indicó que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) está intentando resguardar la sostenibilidad del presupuesto.
Paul Neira, especialista en educación, coincidió en que la medida busca responder a una necesidad legítima de los docentes jubilados, pero reconoció que representa un desafío considerable para el sistema previsional. “Es innegable su necesidad, pero el reto será encontrar una forma sostenible de financiamiento”, sostuvo.
El experto agregó que este fenómeno no es exclusivo del Perú, sino que se enmarca en una tendencia global: la mayor expectativa de vida está ejerciendo presión sobre los sistemas de pensiones públicos.
El Ejecutivo todavía no ha decidido si observará la norma, en caso sea aprobada en segunda votación. El ministro Quero evitó pronunciarse sobre una eventual observación, pero reiteró el llamado a la responsabilidad legislativa. La incertidumbre persiste mientras se espera el desenlace del trámite legislativo.
La atención queda centrada en el Congreso, que deberá evaluar los impactos financieros y sociales antes de una decisión definitiva.
