Cuatro congresistas han sido señalados directamente en denuncias por violencia física, psicológica o sexual. Uno de ellos es Paul Gutiérrez Ticona (Bloque Magisterial), denunciado en 2018 por una mujer que relató agresiones físicas graves.
Otro caso es el de Eduardo Castillo Rivas (Fuerza Popular), acusado en 2023 por maltrato psicológico. José Jerí Oré (Somos Perú) es investigado por una denuncia de presunta agresión sexual mientras la víctima estaba inconsciente.
Carlos Alva Rojas (Acción Popular) fue denunciado este año por una mujer que relató agresiones físicas, incluso en una zona intervenida quirúrgicamente.
Juan Carlos Lizarzaburu (Alianza para el Progreso) fue suspendido por 30 días tras haberse filtrado un comentario sexista durante una sesión virtual del Congreso. En abril de este año, Ernesto Bustamante (Fuerza Popular) cuestionó públicamente el número de mujeres científicas en el país y sostuvo que no existiría una “condición biológica” que incentive a las mujeres a participar en ciencias exactas.
Pese a que la ley busca promover mensajes de respeto e igualdad, algunos de sus impulsores cargan con antecedentes que contradicen su espíritu. El contraste entre el discurso legal y las conductas personales de varios congresistas genera dudas sobre el verdadero compromiso del Parlamento frente a la violencia de género. Mientras el país reclama coherencia institucional, la evidencia muestra que no todos los representantes han predicado con el ejemplo.
