Esta iniciativa legislativa, respaldada por congresistas del bloque de izquierda, plantea además la creación de una nueva empresa estatal que reemplace a la actual operadora de telecomunicaciones.
El documento ingresó al Parlamento este jueves a las 11:25 a. m. y establece que el Poder Ejecutivo deberá ejecutar la expropiación de todas las acciones, activos y operaciones de Telefónica del Perú en un plazo máximo de 30 días calendario, contados desde la entrada en vigencia de la norma.
Entre los argumentos expuestos, se señala la necesidad de proteger los intereses del Estado, de los afiliados a las as de Fondos de Pensiones (AFP), del capital de los proveedores y del servicio estratégico de telecomunicaciones, con el objetivo de garantizar la conectividad en todo el territorio nacional.
La propuesta también incluye dentro del proceso de expropiación a empresas asociadas como PangeaCo, Telefónica Cloud Tech Perú y Telefónica Cibersecurity & Cloud Tech Perú, creadas entre marzo y junio de 2020.
Según el proyecto, el pago por la expropiación —denominado “justiprecio”— se calculará con base en la última operación extrabursátil de venta del 99.3% de acciones de Telefónica del Perú. A este monto se le descontarán las deudas tributarias, sanciones regulatorias y otras penalidades que la empresa o su matriz mantengan con el Estado.
Como parte del proyecto, se contempla la creación de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones del Perú, una entidad pública de derecho privado que estaría adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Esta nueva entidad asumiría la gestión del servicio de telecomunicaciones bajo un esquema de gobierno corporativo, hasta que se defina si su istración será estatal, concesionada o privatizada bajo nuevas condiciones.
El proyecto lleva las firmas de congresistas como Guillermo Bermejo, Sigrid Bazán, Ruth Luque, Jaime Quito, Roberto Sánchez, entre otros. Todos ellos argumentan que se trata de una medida urgente y necesaria ante los problemas estructurales del sector y la necesidad de un control estatal más efectivo en servicios estratégicos.
