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Con 10 votos a favor, 2 en contra y una abstención, la Comisión de Ética Parlamentaria aprobó por mayoría el informe final contra la legisladora de Perú Libre. En él se declara fundada la denuncia por la presunta contratación de una “trabajadora fantasma”, pero se opta por sancionar a Rivas con una amonestación escrita de carácter público, una medida simbólica frente a la gravedad del caso.
El informe fue tramitado meses después de que el dominical Cuarto Poder expusiera la situación laboral de María Augusta Francia Benavente, una mujer de 74 años inscrita como asesora parlamentaria, con sueldo superior a los 7 mil soles, pero que jamás habría trabajado para el Estado.
Según la investigación periodística, Francia Benavente reside en Cañete y aseguró dedicarse a labores de istración independiente. Afirmó desconocer cualquier vínculo con el Congreso. No obstante, figuraba en planilla como parte del despacho de la congresista desde noviembre de 2023.
Rivas defendió su contratación argumentando que la asesora trabajaba de forma remota por problemas de salud y que reportaba sus funciones por WhatsApp. Sin embargo, otros colaboradores de la parlamentaria negaron conocerla o haber tenido o profesional con ella.
Tras conocerse el caso, el Ministerio Público abrió diligencias preliminares contra Rivas por el presunto delito de peculado doloso en agravio del Estado. La Fiscalía sospecha que la congresista no solo habría incurrido en irregularidades istrativas, sino que pudo haber canalizado fondos públicos sin sustento alguno.
A pesar de ello, el Parlamento optó por una sanción leve y no recomendó una suspensión. La congresista continúa en funciones, incluso presidiendo comisiones y participando activamente en el Legislativo.
El caso de Janet Rivas plantea nuevamente la discusión sobre la eficacia de los mecanismos de control y sanción en el Congreso. Aunque la denuncia fue declarada fundada, la amonestación escrita parece insuficiente ante hechos que han motivado una investigación penal. Esto genera cuestionamientos sobre el estándar ético que la institución aplica a sus integrantes y la contundencia de sus sanciones ante faltas graves.
