Esta medida busca mejorar la atención en clases, el rendimiento académico de los estudiantes y prevenir situaciones de ciberacoso, así como posibles daños a la salud derivados del uso excesivo de dispositivos electrónicos.
La norma aparece publicada en el diario oficial El Peruano y se aplica a todos los programas e instituciones del nivel primaria y secundaria en el ámbito nacional.
Su implementación será supervisada por cada institución educativa, que deberá adoptar protocolos y medidas específicas.
La ley establece que el uso de celulares estará prohibido durante el horario escolar, salvo que se utilicen para fines estrictamente académicos, y siempre bajo autorización expresa y supervisión del personal docente o istrativo.
El objetivo es garantizar que la tecnología se use como una herramienta pedagógica, no como un distractor.
Se contemplan excepciones para estudiantes que, por condiciones de salud o necesidades especiales, requieren el uso del teléfono móvil como parte de su atención o asistencia diaria. Asimismo, se permitirá el uso del celular en situaciones de emergencia que lo justifiquen.
La responsabilidad de aplicar esta ley recae en los directores de los colegios, quienes deberán diseñar y ejecutar protocolos de actuación y supervisión.
Estos deberán considerar criterios como la gradualidad, la razonabilidad y la proporcionalidad, especialmente en la aplicación de medidas correctivas frente a incumplimientos.
La norma también indica que será el Ministerio de Educación, en coordinación con el Ministerio de Salud, el encargado de aprobar el reglamento correspondiente en un plazo máximo de 60 días calendario desde la entrada en vigor de la ley.
Este reglamento detallará los lineamientos operativos, incluyendo casos especiales y mecanismos de fiscalización.
Esta medida responde a preocupaciones sobre la distracción que generan los celulares en clase, así como al incremento de casos de ciberacoso y adicción a la tecnología.
Las autoridades esperan que, con esta regulación, se reduzcan estos riesgos y se fomente un ambiente más propicio para el aprendizaje en las aulas.
La implementación efectiva de esta ley requerirá no solo de normas claras, sino de un compromiso activo de los directivos escolares, los docentes y las familias para acompañar el proceso educativo en favor del bienestar de los estudiantes.
