Según explicó, muchos de ellos incumplen sus funciones, generando retrasos y vulneraciones a los derechos de los acusados.
Durante su intervención, Arana señaló que es común que se dicten prisiones preventivas por periodos de hasta 36 meses, pero que incluso tras 34 meses, los fiscales no hayan avanzado en las investigaciones ni recopilado pruebas esenciales. Esta situación, afirmó, refleja un sistema judicial "engorroso" y poco eficiente.
Además, explicó que estas demoras no solo afectan a los acusados, sino que contribuyen directamente al colapso del sistema penitenciario. “Se dictan medidas cautelares sin que se actúe de inmediato. Esto no puede continuar”, sostuvo.
Arana alertó que el hacinamiento en las cárceles peruanas está estrechamente relacionado con la prisión preventiva. Informó que, de los 100 mil internos que actualmente están privados de libertad, alrededor de 40 mil aún no cuentan con una sentencia definitiva.
Este grupo de presos, conocidos como “cautelares”, representa el 40% del total de la población penitenciaria. La situación evidencia una grave ineficiencia del sistema, donde las decisiones provisionales terminan convirtiéndose en penas anticipadas sin juicio.
En palabras del primer ministro, “no es posible que sigamos llenando cárceles con personas que no tienen sentencia. Este no es un sistema justo, y los números lo demuestran”.
Eduardo Arana también arremetió contra el actual Código Penal. “Nos trata como criminales desde el primer momento”, dijo.
Según explicó, las normas actuales no hacen distinción entre los delitos menores y los graves, y se opta rápidamente por la privación de libertad sin una evaluación diferenciada.
Para el presidente del Consejo de Ministros, esta práctica legal refuerza la idea de que el sistema está orientado al castigo, más que a la justicia. Recalcó la necesidad de reformas legales que permitan un trato más justo y racional para los acusados.
Finalmente, Eduardo Arana presentó una cartera de 36 proyectos bajo el esquema de obras por impuestos. Durante la presentación, hizo un llamado al sector privado para que destine más recursos a proyectos de seguridad ciudadana, con el objetivo de contener el avance del crimen organizado.
Sostuvo que enfrentar la criminalidad no es solo tarea del Estado, sino también de la empresa privada, que debe asumir un rol activo en este desafío nacional.
