Según el congresista Fernando Rospigliosi, presidente de la Comisión de Constitución, esta ley no representa impunidad, sino justicia. Señaló que muchos de los implicados han pasado años perseguidos por la justicia sin sentencia firme, y otros ya son adultos mayores. “Envejecen en silencio, mientras sus familias viven dolor e incertidumbre”, afirmó.
Jorge Montoya, autor del proyecto, afirmó que más de 1200 familias cargan con estas acusaciones desde hace 35 años. La propuesta, dijo, busca brindar paz a quienes lucharon contra el terrorismo.
No todos los legisladores están de acuerdo. Parlamentarios como Ruth Luque, Jaime Quito y María Agüero rechazaron la medida. Para ellos, podría abrir la puerta a la impunidad, sobre todo en casos de violaciones a derechos humanos cometidas durante el conflicto armado.
Antes de cerrar la sesión, Jaime Quito pidió una reconsideración de la votación, pero fue rechazada. Ahora la decisión final se tomará en una segunda votación.
Para muchas familias de militares y policías, esta ley representaría el cierre de largos procesos judiciales. Pero también puede generar preocupación en víctimas del conflicto interno, que podrían considerar que se deja de lado la justicia. La decisión del Congreso podría reavivar el debate sobre cómo se debe tratar el pasado violento del país.
En conclusión, el futuro de esta ley se definirá pronto. Lo que está en juego no solo es una medida legal, sino también cómo el país decide mirar su pasado reciente.